La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética establece que al menos el 80% de los Consumidores deberá contar con sistemas de medición inteligentes en el año 2020, pero no establece ninguna ‘obligatoriedad de su totalidad’ como se puede comprobar en sus artículos 9 a 11 de la mencionada Legislación Europea.

La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, ha reconocido la existencia de un conflicto de intereses entre las Compañías Eléctricas y las Empresas de Telecomunicaciones, en relación a los perjuicios que pueden causar los nuevos Contadores Inteligentes sobre la Salud Humana.

Desde que el Gobierno aprobó en el BOE una comisión del 20% para las Eléctricas en el caso de detectar el uso fraudulento de la electricidad, los Consumidores y Usuarios están siendo engañados con métodos totalmente ilegales.

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